La Grada Canito mediante su presidente institucional Arnau Baqué ha enviado ya al club el documento solicitado sobre los puntos de discrepancia en el famoso y abusivo “contrato de adhesión” que se pretende por parte del departamento de seguridad del Espanyol que firmen de forma obligada los integrantes del sector.

Los jóvenes pericos no se bajan del burro y manifiestan su profundo desacuerdo y rechazo por lo manifestado en el comunicado de prensa hecho público por Espanyol, y avalado por Roger Guasch (El Soprano) al consideran que no atiende a la realidad legal.


Baqué entiende que  “la medida solicitada de firma de un anexo de cesión de datos personales, no tiene amparo legal para determinar la prohibición de acceso a los recintos de la entidad a los socios que se hallen en cumplimiento de sus obligaciones” y explica los motivos de forma muy bien detallada con argumentos legales.

CARTA INTEGRA DE LA GRADA CANITO A ROGER GUASCH

En Barcelona, a 14 de abril de 2.018.

A/A Sr. Roger Guasch.

Muy Sr. Mío.

Como Presidente de la Asociación Grada Canito, me dirijo a Vd. y agradecería hiciera extensiva la misma al Sr. Adolf Rousaud, a fin de comunicarle mi discrepancia con el contenido del comunicado publicado por el RCD ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. ayer día 13 de abril de 2.018. Respecto al mismo, tal y como ya le manifesté personalmente en la amplia reunión de ayer, presidida por Vd. de manera atenta y cordial, mostré mi disconformidad con los razonamientos jurídicos empleados por la entidad en aras a dar cumplimiento a un requerimiento o solicitud del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, que no tiene ningún soporte ni amparo en la legalidad vigente, vulnerando por tanto, de forma flagrante, los derechos más básicos e inherentes que asisten a todos los socios de nuestra querida entidad.

En atención a las circunstancias del caso y en relación con el mencionado comunicado, dejando de un lado todas las connotaciones sociales y sentimentales del asunto que me apenan profundamente, debo manifestarle mi disconformidad al mismo en base a los siguientes RAZONAMIENTOS:

PRIMERO.- En primer lugar, en el mencionado comunicado se expresa con carácter textual que: “Dins de les condicions d’accés que s’han d’incloure en aquest Reglament Intern, els articles 22.2 i 22.4 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades obliguen als clubs de futbol a obtenir la cessió de les dades personals dels membres de la grada d’animació, als efectes de que aquestes dades estiguin disponibles en cas que siguin requerits per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (en l’àmbit territorial català, al cos de Mossos d’Esquadra en la seva qualitat de Policia Judicial) i altres autoritats públiques per situacions de risc i altres circumstàncies. Així es fa constar en el punt 16 de les Normes d’Accés a la Grada d’Animació del RCD Espanyol, que transposa – i compleix –, a més, amb la petició policial explícita de tenir a disposició aquest registre. Així mateix, en la citada legislació vigent s’indica l’obligatorietat del control biomètric per a la entrada a la zona “grada d’animació”.

Quiero manifestar mi profundo desacuerdo y rechazo a dicho manifestación por no ser acorde a la realidad fáctica de los hechos que nos ocupan, en base a los razonamientos que, con la mayor claridad posible, trataré de exponerle a continuación:

A).- Los artículos 22.2 y 4 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, establecen de forma textual lo siguiente: 2. La recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por categorías en función de su grado de fiabilidad.

4.Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad”.

B).- Los mencionados artículos a que Vds. han hecho referencia en el comunicado y que traspuesto de forma literal, nada tienen que ver con el supuesto ni la problemática que nos ocupa y, regulan simplemente la OBLIGACIÓN LEGAL de ceder por su parte, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad los datos personales que sean requeridos, SIN PRECISAR EL CONSENTIMIENTO DE LAS PERSONAS AFECTADAS, limitados a aquellos supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales. La consecuencia directa de la aplicación de este precepto implica que, deben ser aplicadas las reglas generales sobre comunicación de los datos, que sólo van a quedar desvirtuadas en el supuesto de la existencia de un peligro grave y real para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, que en uno y otro caso se haya que prevenir.

Si las indicadas circunstancias excepcionales, que deben ser interpretadas siempre restrictivamente por el carácter limitador de los derechos fundamentales de las personas a las que hacen referencia, no se producen o no se explicitan por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su petición de información, es evidente, que al no constar la concurrencia del supuesto que lo exime, debe siempre intervenir el consentimiento del titular de los datos, a los efectos de posibilitar la cesión o comunicación de los mismos, pues en otro caso, tales actos serían contra “legem”.

No se parte por tanto, del supuesto de la obtención de datos directamente del titular de los mismos, ni del uso de la habilitación general contenida en el artículo 24 de la LOPD, sino de la concreta posición del responsable del fichero que posee datos adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explicitas y legítimas para los que se hayan obtenido tales datos frente a una solicitud de cesión o comunicación de los mismos llevada a cabo por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el legítimo ejercicio de sus funciones policiales. Para ello, no es preciso en ningún caso contar con el consentimiento de las personas afectadas, por lo que resulta absolutamente superflua e innecesaria la solicitud efectuada a los socios integrantes de la Grada de Animación “Grada Canito”.

C).- Atendiendo al tenor literal del mencionado artículo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en el marco de una investigación concreta, pueden constituirse en cesionarios de los datos personales que precisen, cuando éstos sean  necesarios para el restablecimiento de  la seguridad pública o la represión de infracciones penales. En esa materia existen otros  muchos, Informes de la Agencia Española de Protección de Datos, entre los que les destaco a título ejemplificativo los números 213/2004, 0297/2005 o 0133/2008. De ellos se desprende que la petición de información por parte de los agentes debería ir acompañada con garantías legales suficientes para las empresas o entidades, entre las que se destaca:

a).- “Que quede debidamente acreditado que la obtención de los datos resulta necesaria para la prevención de un peligro real y grave para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales y que, tratándose de datos especialmente protegidos, sean absolutamente necesarios para los fines de una investigación concreta.

b).- Que se trate de una petición concreta y específica, al no ser compatible con lo señalado anteriormente el ejercicio de solicitudes masivas de datos. Esto significa que en la petición de videograbaciones por ejemplo deberá especificarse todo lo posible las imágenes que se solicitan, acotando la fecha, horario y lugar de grabación.

c).- Que la petición se efectúe con la debida motivación, que acredite su relación con los supuestos que se han expuesto.

d).- Que, en cumplimiento del artículo 22.4 de la Ley Orgánica 15/1999, los datos sean cancelados “cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento”.

Con referencia a la última de las conclusiones señaladas, debe indicarse que, tratándose de actuaciones llevadas a cabo en el ámbito de las competencias consagradas en el apartado a) del artículo 445.1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, encontrándose por ello la Policía Judicial obligada a dar cuenta de los hechos a la Autoridad Judicial y Fiscal de forma inmediata, deberá procederse a la destrucción del registro de los datos obtenidos, una vez producida esa comunicación.

En definitiva, la petición de un agente de policía debería ser justificada y salvo casos excepcionales de urgencia acompañada con una solicitud formal realizada por escrito.  En este sentido el Tribunal Constitucional en su Sentencia 14/2003, de 30 de enero, exige que medie  una justificación razonada en la recogida y tratamiento de datos de carácter personal para fines policiales, entendiendo que necesariamente debe existir una resolución administrativa expresa, para poder llevar el control sobre las actuaciones de investigación y verificar si se desarrollan con sujeción a las finalidades y requisitos incluidos en dicha resolución.

Todas dichas circunstancias no concurren en absoluto en el caso que nos ocupa, siendo su argumento público ajeno a la realidad de los hechos que han impedido la entrada de un considerable número de socios al corriente de sus obligaciones en el Estadio Cornellà-El Prat.

SEGUNDO.- El propio comunicado emitido en el día de ayer por el REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D., también manifiesta textualmente que:“Pel que fa a les reivindicacions al respecte de les normes d’accés a la “grada d’animació” per part dels responsables de la Curva RCDE i la Grada Canito, el club ha informat que aquestes normes d’accés han de ser aprovades internament i responen a l’article 6 del Reglament de Prevenció de la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport, que va ser aprovat pel Reial Decret 203/2010, de 26 de febrer. L’esmentat article estableix l’obligació dels clubs de futbol d’aprovar un reglament intern del recinte esportiu, que regula les condicions i els requisits d’accés al seu propi estadi. El citat Reglament és el desplegament de la Llei 19/2017, d’11 de juliol, sobre la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’Esport”.

A tal efecto, debo nuevamente mostrar mi disconformidad con las valoraciones que Vds. efectúan, entendiendo que la medida solicitada de firma de un anexo de cesión de datos personales, no tiene amparo legal para determinar la prohibición de acceso a los recintos de la entidad a los socios que se hallen en cumplimiento de sus obligaciones, por los motivos que le expongo a continuación:

A).- El mentado precepto legal señalado en el artículo 6 del Reglamento de Prevención de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerància en el Deporte, aprobado por el Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero establece que: 1. Los organizadores de competiciones oficiales de carácter estatal y de los espectáculos deportivos incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento deberán elaborar un Reglamento Interno del recinto deportivo, que deberá ser visado por la Federación deportiva española o, en el caso de competiciones deportivas profesionales, por la Liga Profesional correspondiente.

 

  1. El Reglamento Interno del recinto deportivo al que se refiere el artículo 7.2.c) de la Ley 19/2007, de 11 de julio, deberá especificar:

 

  1. a) las obligaciones que deberán cumplir quienes asistan o acudan a las instalaciones deportivas durante la celebración de las competiciones en cuestión;

 

  1. b) las prescripciones que deberán observar los espectadores para poder cumplir las decisiones adoptadas por el organizador para garantizar, cuando proceda, una adecuada separación de los aficionados visitantes;

 

  1. c) las condiciones que permitan hacer efectivo el cumplimiento de las órdenes de desalojo total o parcial de las instalaciones deportivas en los supuestos previstos por los artículos 7 y 15 de la Ley 19/2007, de 11 de julio;

 

 

  1. d) el procedimiento para hacer efectiva la privación de abonos vigentes o la inhabilitación para obtenerlos a quienes sean sancionados con carácter firme por conductas violentas, racistas, xenófobas o intolerantes;

 

  1. e) las normas, modalidades y condiciones en las que el organizador fomentará o apoyará las actividades desarrolladas por personas o grupos de seguidores, entre las que se consideran incluidos los medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad o difusión o cualquier otro tipo de promoción o apoyo;

 

  1. f) cualquier otro aspecto que incida en los derechos y obligaciones de quienes asistan a los recintos deportivos y que contribuya a garantizar la seguridad y el orden público en las instalaciones.

 

  1. El Reglamento Interno del recinto deportivo deberá ser facilitado a los Coordinadores de Seguridad o, cuando esa figura no exista, a los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad encargados de la coordinación de la seguridad pública en la correspondiente instalación. Tanto estos últimos como los Coordinadores de Seguridad podrán interesar la introducción de las modificaciones o correcciones que consideren convenientes para lograr un adecuado cumplimiento de las obligaciones en esta materia o para prevenir la realización de conductas prohibidas por la Ley 19/2007, de 11 de julio, y por el presente reglamento”.

 

B).- En relación con el apartado anterior y como Vd. bien sabrá, el Reglamento Regulador del Régimen General de Acceso y Permanencia en los espectáculos y acontecimientos deportivos organizados y gestionados por el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D. y Régimen Disciplinario de Socios, Abonados y Colectivos vinculados con el Club, aprobado por el Consejo de Administración de la entidad REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D., en sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2.017, establece en su Título II (De las condiciones generales de acceso a las instalaciones deportivas del Club) y concretamente en el Artículo 4º, las causas tasadas por las cuales puede procederse por la Entidad a las prohibiciones de acceso, que son literalmente las siguientes:

 

“Se impedirá la entrada en las instalaciones deportivas donde se celebren espectáculos, competiciones y acontecimientos deportivos organizados y/o gestionados por el Club a toda persona que se encuentre en cualquiera de los supuestos siguientes:

 

a).- Bajo los efectos de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas.

 

b).- Que tenga prohibido el acceso a cualquier recinto deportivo como consecuencia de resoluciones sancionadoras que tengan carácter firme y/o figuren inscritas en el Registro Central de Sanciones impuestas por infracciones contra la Salud Pública en materia de espectáculos deportivos con la mencionada prohibición.

 

c).- A todo sujeto de los descritos en el Artículo 3º del presente Reglamento que haya sido sancionado/a por el Club con prohibición de acceso a instalaciones del mismo, así como cualquiera de los sujetos descritos sobre el que pesa medida cautelar de prohibición de acceso a las instalaciones del Club en virtud del Título V del presente Reglamento.

De acuerdo con lo que se establece en la normativa sobre el derecho de admisión, se impedirá también el acceso a las personas que hayan sido objeto de denuncia penal o administrativa por alguna de las infracciones recogidas en el presente Reglamento, en el caso de tratarse de socios/as o abonados/as o de aquellas otras personas que, sin tener la condición de socios/as o abonados/as, hayan sido objeto de denuncia penal o administrativa por las mismas causas.

La prohibición se llevará a la práctica en el supuesto de que los hechos denunciados hayan generado alarma social debido a su trascendencia mediática y/o en los que los responsables de la seguridad del Club y/o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tengan fundadas sospechas que las infracciones denunciadas puedan volver a producirse antes de dictarse la resolución del expediente disciplinario o las resoluciones judiciales y/o administrativas correspondientes, todo ello con el exclusivo objeto de prevenir situaciones de riesgo, peligro o perjuicio para las personas o las cosas. En estos casos, el CDS, previa valoración del riesgo y la alarma social producida y las posibilidades de reiteración de los hechos según los informes de los responsables de seguridad, podrá adoptar dicha medida cautelar.

La misma medida cautelar, se podrá adoptar, siempre con las garantías y requisitos mencionados anteriormente, cuando se trate de denuncias contra personas que hayan sido directamente sancionadas por resolución firme por los mismos o similares hechos. La decisión adoptada, que tendrá que ser fundamentada con relación a las causas de la prohibición de acceso a las instalaciones deportivas, se pondrá inmediatamente en conocimiento de las fuerzas y cuerpos responsables de la seguridad del recinto deportivo donde tenga que cumplirse la prohibición, a los efectos oportunos.

 

d).- A toda persona que no disponga de un título válido de acceso al recinto en cuestión.

 

e).- A toda persona que incurra en cualesquiera de las conductas o supuestos que la normativa legal sobre prevención y proscripción de la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte establezca como causa impeditiva o de exclusión para el acceso a, y/o permanencia en, los espectáculos y acontecimientos deportivos.

Asimismo, los socios integrantes de la Grada de Animación “Grada Canito” se hallan sujetos al cumplimiento de las condiciones pactadas en su día y que fueron debidamente suscritas entre las partes otorgantes con carácter previo y como requisito indispensable a causar alta en dicha Grada de Animación y que, vienen preceptuadas en el Artículo 10º del Reglamento Regulador del Régimen General de Acceso y Permanencia en los espectáculos y acontecimientos deportivos organizados y gestionados por el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D. y Régimen Disciplinario de Socios, Abonados y Colectivos vinculados con el Club, aprobado por el Consejo de Administración de la entidad REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D., en sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2.017, entre las que dicho sea de paso, no se haya la controvertida cesión de datos pretendida y por la que injustificadamente prohíben el acceso a las instalaciones del RCDE a los miembros que, en su libre ejercicio de derechos, han decidido NO proceder a otorgar dicho consentimiento a que se cedan sus datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por lo que nuevamente y, a mayor abundamiento, tampoco se dan las circunstancias para denegar el acceso a los mismos a la Grada de Animación, cumpliéndose al efecto los 15 puntos establecidos de obligado respeto en el mentado artículo del Reglamento.

 

C).- A tenor con cuanto antecede, como Vd. perfectamente puede observar, la prohibición de acceso a las instalaciones del RCD ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. efectuada a número indeterminado de personas (que rondan los 300-350 socios de la Grada de Animación “Grada Canito”) el pasado día 1 de abril de 2.018, con ocasión de la disputa del partido de la Jornada 30 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. y el Deportivo Alavés, S.A.D. NO SE PRODUJO AMPARADA BAJO NINGUNA DE LAS CAUSAS TASADAS QUE SE ESTABLECE EN EL REGLAMENTO MENTADO AL EFECTO. Asimismo, me permito manifestarle que si dicha prohibición se efectuó a petición del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, deberán ser dichos efectivos quienes procedan a la denegación de acceso a los socios, expresando los motivos legales que amparan dicha medida y, reservándose los afectados el ejercicio de las acciones administrativas y legales oportunas para impugnar dicha medida restrictiva de sus derechos. En atención a ello, en mi calidad acreditada de Presidente de la Grada de Animación “Grada Canito”, le conmino a que proceda a comunicarme la identidad de los efectivos policiales que dieron dichas órdenes de prohibición de acceso a todas las personas afectadas por la medida, a fin y cuenta de interponer, si lo estimo oportuno, las correspondientes acciones civiles o penales que estime oportuna, en defensa de los derechos e intereses de los socios/as afectados a los que tengo el honor de representar en mi reconocida calidad en la que actúo.

TERCERO).- Por todo cuanto se ha explicitado en los RAZONAMIENTOS anteriores debo disentir enormemente respecto a la decisión adoptada en dicho comunicado relacionado a yer a todos los espanyolistas y en el que se expone la afirmación de señalar que: “Malauradament la no acceptació d’aquesta normativa legal interna, comporta la impossibilitat d’accedir a la zona “grada d’animació”. Tal com ha traslladat el club als col·lectius esmentats, que la voluntat de l’entitat és i serà sempre complir amb totes les obligacions legals establertes per a les grades d’animació buscant en tot moment les millors condicions de seguretat per als nostres socis i aficionats”.

Como bien es observable por los motivos que ampliamente les he expresado, LOS SOCIOS A QUIENES SE DENEGÓ EL ACCESO AL ESTADIO DE CORNELLÀ-EL PRAT EL PASADO DÍA 1 DE ABRIL DE 2.018 NO HAN VULNERADO EN MODO ALGUNO LA NORMATIVA LEGAL INTERNA – Reglamento Regulador del Régimen General de Acceso y Permanencia en los espectáculos y acontecimientos deportivos organizados y gestionados por el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D. y Régimen Disciplinario de Socios, Abonados y Colectivos vinculados con el Club, aprobado por el Consejo de Administración de la entidad REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D., en sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2.017 – AL NEGARSE A SUSCRIBIR EL ANEXO QUE SE LE HA ENVIADO PARA LA CESIÓN DE DATOS PERSONALES A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, por lo que no existe circunstancia ni de carácter legal ni reglamentaria que impida la valida entrada de dichos miembros en las instalaciones de la entidad.

CUARTO).- Asimismo, una vez expresadas todas las anteriores circunstancias y teniendo a bien considerar su razonabilidad y respeto a las disposiciones legales de imperativo cumplimiento y, en aras a preservar y salvaguardar los derechos de los socios del REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D. con carácter general y, los que tienen el abono en la Grada de Animación “Grada Canito” en particular, tengo a bien solicitar se abstengan de denegar, en lo sucesivo, el acceso a las instalaciones del Club a las personas que no se encuentren en ninguno de los supuestos contemplados en los artículos 4º y 10º del Reglamento Regulador del Régimen General de Acceso y Permanencia en los espectáculos y acontecimientos deportivos organizados y gestionados por el Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona, S.A.D. y Régimen Disciplinario de Socios, Abonados y Colectivos vinculados con el Club, aprobado por el Consejo de Administración de la entidad REIAL CLUB DEPORTIU ESPANYOL DE BARCELONA, S.A.D., en sesión celebrada en fecha 3 de noviembre de 2.017.

En último lugar, aprovecho la ocasión para recordarle que permanezco a su entera disposición para cualquier duda o consulta que le surgiere, así como le vuelvo a reiterar mi absoluta predisposición a hallar una solución satisfactoria a tan desagradable situación que está erosionando profundamente la imagen de la Asociación a la que represento y causando graves perjuicios de difícil reparación a los socios a los que represento y que se hayan en perfecto cumplimiento de sus obligaciones. Atendiendo a la exquisita cordialidad que ayer me mostró Vd. en la reunión celebrada y en la que el trato dispensado por todas las partes intervinientes fue de absoluto respeto y voluntad de hallar un diálogo adecuado para arreglar esta problemática, le agradecería me pudiera dar una respuesta por escrito, a la mayor brevedad posible, a todos los razonamientos de índole jurídica que le he efectuado tras un estudio pormenorizado de la situación en la que nos hallamos desgraciadamente, en aras a que tengan a bien estimar su razonabilidad y, por ello, procedan en consecuencia a lo que les solicito.

Muy cordialmente.

ARNAU BAQUÉ ROIG

Presidente Asociación Grada Canito.

 

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